El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas – ObservaLatrata, es un espacio independiente, con 10 años de existencia y con presencia en 15 países de América Latina y el Caribe. Integrado por diversos actores de la sociedad civil e Iglesia que, desde un enfoque de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia, actúan para incidir en la prevención, persecución y erradicación de la trata y tráfico de personas en el continente, buscando además la protección integral de sus víctimas.
En esta fecha –declarada en el 2012 como Día Nacional contra la Trata de Personas y día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, instaurada en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999–, el Capítulo Peruano de ObservaLatrata, expresa su preocupación por el crecimiento y la expansión de este delito, acrecentado por la pandemia del Covid-19, y renueva su compromiso en la lucha por la erradicación de esta forma de explotación humana.


La trata de personas es un delito muy grave, considerado como la forma moderna de esclavitud que despoja a los seres humanos de sus derechos y les priva de su dignidad. La trata de personas es un problema mundial, al que ningún país es inmune. Conforme al Protocolo de Palermo (principal instrumento internacional para la lucha contra la trata de personas) la trata de personas se comete para las finalidades de explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso, mendicidad, servidumbre y tráfico de órganos y tejidos humanos. Es de destacar que la mendicidad forzada de niñas, niños, adolescentes y personas adulto-mayores; y el padrinazgo son fenómenos íntimamente ligados a la realidad de la sociedad peruana. Por otro lado, las víctimas de trata de personas en la finalidad de explotación sexual siguen siendo las niñas, adolescentes y mujeres por lo que puede concluirse que, como fenómeno social delictual, la trata de personas conlleva un fuerte componente de género que muchas veces presenta una tolerancia social y normalización.


Esta situación se agravó con la pandemia del Covid-19 tanto a nivel nacional e internacional,1 ocasionando que muchas personas, sobre todo aquellas en situación de pobreza, no se encuentren en condiciones de hacer valer sus derechos fundamentales. Ello se presenta como oportunidad para los tratantes de captar y explotar a las personas que, sobre todo, tienen más necesidades, especialmente las mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes, refugiados y desplazados internos, haciéndose más difícil identificar a las víctimas y colocándolas en una situación mucho más precaria.


El país se encuentra en una fase muy complicada, en la que varios departamentos se hallan aún en cuarentena focalizada y aislamiento social obligatorio debido a que los contagios del Covid-19 no han disminuido lo suficiente. Han transcurrido poco más de seis meses en los que la situación económica y social ha sido gravemente afectada. La economía prácticamente paralizada, por lo que muchas empresas, sobre todo las MYPES han tenido que cerrar o limitar sus actividades, ocasionando que millones de personas pierdan su trabajo o empleo o sus mecanismos de ingreso, logrando que a nivel nacional el desempleo se elevara a 8,8%, el doble respecto al segundo semestre del año 20192. Además, esta situación ha empeorado el estado de salud mental de millones de personas, debido a que el aislamiento social obligatorio ha limitado en gran medida la interacción social, sumado a que el sistema de salud pública no ha sido capaz de responder, de manera eficaz, a las necesidades de la mayoría de los pacientes contagiados.


Al colocar a una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad o empeorarla, las mafias de la trata de personas no se han detenido y siguen aprovechándose de esta situación, adaptando nuevos mecanismos de captación a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Especial riesgo de explotación, a raíz de la crisis social generada por la pandemia y la insuficiente respuesta del Estado, la viven, también, los miles de migrantes, refugiados y desplazados internos en nuestro país.
Queremos resaltar, que, en el mes de agosto pasado, CHS Alternativo con base en la información proporcionada por diversos sectores del Estado y el aporte de instituciones de la sociedad civil, entre ellas el Capítulo Peruano de ObservaLatrata, difundió el VII Informe Alternativo correspondiente a los años 2018 y 2019, con relación a la aplicación de la política pública contra la trata de personas y delitos afines. El informe toma este nombre debido a que es alternativo al que por ley le corresponde presentar anualmente al Ejecutivo.


De acuerdo a este informe, el Estado no cumplió durante los últimos tres años con lo dispuesto en la Ley Nº 29918, que obliga al Primer ministro y a los ministerios del Interior y el de Mujer y Poblaciones Vulnerables, a dar cuenta ante el congreso de las acciones que el Ejecutivo ha puesto en práctica para frenar el delito y apoyar a las víctimas, entre otras responsabilidades.

En tal sentido, nuestro Capítulo viene difundiendo y apoyando la campaña de firmas impulsada por CHS Alternativo para exigir que el Estado de cuenta al país de lo realizado para combatir este delito.


Queremos recordar en este pronunciamiento, que el Informe Alternativo reconoce y explica los avances que se han realizado en los últimos dos años en el tema de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, así como las tareas y acciones indispensables que se requieren impulsar entre ellas, sin duda, el diseñar un programa presupuestal multisectorial para la implementación de las políticas en materia de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes como lo estipula la Ley Nº 30925 “Ley que Fortalece la Implementación de Espacios de Acogida Temporal Para Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual” aprobada en abril del 2019 y que señala como plazo para su elaboración 180 días a partir de su promulgación, es decir octubre del 2019. Demandamos para que el Estado cumpla con dotarse de este instrumento de política cuya implementación es condición fundamental para la lucha contra la trata de personas.


En tal sentido, llamamos la atención respecto a que, en el 2019, el Estado destinó solo S/ 0,23 por persona al año para enfrentar la trata de personas, cifra que disminuyó a S/ 0,16 en la ejecución del presupuesto, como lo indica el VII Informe Alternativo. Son cifras ciertamente irrisorias comparándolas con la gravedad del problema y con las consecuencias devastadoras que tiene este delito en la vida de las personas afectadas. Es por ello, que se requiere sincerar esta inversión y mejorar la capacidad de gastos con el fin de implementar las acciones necesarias para luchar contra este flagelo social. Se necesita, por otro lado, que más gobiernos regionales se sumen a la acción del gobierno central ya que el 76 % de gobiernos regionales no ha reportado una asignación de presupuesto para la lucha contra la trata de personas. Es un deber y una obligación de las regiones asignar y ejecutar el presupuesto correspondiente.


El Capitulo peruano de ObservaLatrata, como colectivo de instituciones de la sociedad civil, la Iglesia y la academia, se pronuncia en el Día Nacional contra la trata de personas y en el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, para invitar a los ciudadanos y ciudadanas a unirse a esta lucha y además a exigir una respuesta más decidida y eficiente del Estado peruano.


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